Con el inicio de operaciones en el año 1972 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se consolidó una demanda de la clase trabajadora de México, que era dotar de vivienda digna a través de la aportación obrero-patronal, en ese entonces el INFONAVIT, a cargo de Jesús Silva-Herzog Flores, era el encargado de realizar los estudios preliminares, diseños urbanos y arquitectónicos, búsqueda y selección de constructores, presupuestos, ejecución y supervisión de obra, es decir era el encargado de todo el proceso de oferta de vivienda, sin comentar que recaía en el Instituto el otorgamiento total del financiamiento a los trabajadores.
Las casas otorgadas llegaban a contar hasta con casas de 6 metros de frente, por 17 metros de largo, lo que significa un poco más de 100 metros cuadrados de terreno, la calidad de construcción y de los acabados permitían garantizar que éstas mantuvieran condiciones óptimas de los hogares.
La implantación de éste tipo de programas de gobierno obedecían a satisfacer una necesidad real de un sector que a todas luces no puede acceder a contar con vivienda propia con sus propios recursos, con fines específicos como mejorar el nivel de vida de los trabajadores, que se hicieran de un patrimonio que pudiesen heredar a sus descendientes, y mejorar su economía al hacerse de un bien que pudiera ganar plusvalía, todo esto encaja dentro de una visión conocida como Estado de Bienestar, que no es más que una forma de gobierno que busca dotar del mayor bienestar posible a la población desde el Gobierno.
Sin duda, desde su aparición, surgieron problemas inherentes a su operación, se le imputaba al INFONAVIT, y con justa razón, que conseguir un crédito resultaba un verdadero martirio, se asignaban por sorteo o en listas de espera, que muchas de las veces debido a la corrupción o al compadrazgo, se asignaban a quién fuera favorecido con el favor de las autoridades, y en otros casos, se argumentaba que la oferta era superada por la demanda creciente, sobretodo debido a la explosión demográfica que vivió nuestro país desde los años 70s.
Razones que llevaron a una serie de transformaciones que culminaron en 1992 con la reforma a la Legislación del Instituto, donde INFONAVIT ahora se ligaría financieramente hablando con la banca comercial, a partir de entonces y hasta la fecha las condiciones han cambiado, si bien es cierto que en la actualidad el número de créditos en superior y que la cartera vencida es mucho menor, también es cierto que la calidad de la vivienda ha bajado sustancialmente, ahora se llegan a otorgar viviendas de hasta 40 metros cuadrados, con acabados y materiales de construcción de ínfima calidad.
En la actualidad los acabados no pueden garantizarse a mediano plazo, después de 10 años solo puede garantizarse que la vivienda no se caiga, siempre y cuando no se haya atrevido el propietario a construir un segundo o hasta tercer piso, hoy en día las constructoras argumentan que no es culpa de ellos, que deben ajustarse al monto de crédito que alcanzan los trabajadores, los cuales en muchas ocasiones no superan los 350 mil pesos, de manera que un trabajador puede endeudarse por cerca de 30 años, con una cuarta parte de su salario por una vivienda de 40 metros cuadrados con una calidad no deseable.
El argumento de las constructoras es valido hasta que se conocen los costos de esas viviendas, cuando se construyen viviendas en serie y en la cantidad que se construyen, los costos bajan de manera sustancial, se pueden obtener ganancias de hasta 150 mil pesos por una casa vendida a 250 mil pesos, esto habla de un problema, donde INFONAVIT permite que las constructoras obtengan jugosas ganancias, sin hacerse responsable de los desperfectos y calidad de la vivienda.
De esta manera, el objetivo de otorgamiento de vivienda digna, se ha visto comprometido, hoy no podríamos asegurar que esto se cumpla, parece ser, como en muchos otros ejemplos, que se ha privilegiado la ganancia de empresas privadas a costa de los ahorros y necesidad legítima de un patrimonio de los trabajadores, ésta concepción encaja perfectamente con la ideología neoliberal de la economía, donde se establece que el gobierno no debe participar como actor activo en el otorgamiento de productos y/o servicios que pudiera ofertar la iniciativa privada.
Otro elemento a considerar es que la institución otorgante de financiamiento ahora no es el INFONAVIT, sino que un número importante es otorgado por la banca privada, sujetándose a sus condiciones y con un riesgo elevado de perder sus casas al atravesar por una situación económica adversa, es momento de replantear las instituciones y cuidar que se cumplan los objetivos para los que fueron creados, no se debe permitir que se privilegien los beneficios para las empresas que lucran con el problema de la vivienda en México, aún por encima del bienestar de los trabajadores.
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